Somos Amigos de la Tierra - NOTICIAS

19 de octubre de 2006

NOTICIAS DE BOLIVIA y PERÚ

BOLIVIA y LOS RECURSOS MINEROS

Por cada 100 dólares que genera la minería, 98 se quedan en manos de las transnacionales y de las empresas chicas y cooperativistas, mientras que el Estado sólo recibe 2 en impuestos y regalías

No hay pausa en el saqueo de Bolivia. En la última década, un puñado de transnacionales y de empresarios locales de la minería se apoderaron en beneficio propio de más de cuatro mil millones de dólares, dejando socavones vacíos, mucha miseria en los pueblos del altiplano y sólo 90 millones de dólares en impuestos y regalías para el Estado.

Los datos oficiales a los que tuvo acceso en exclusiva Econoticiasbolivia son elocuentes. Entre 1996 y 2005, las compañías mineras privadas recibieron 4.289,5 millones de dólares por la exportación de minerales extraídos del territorio boliviano, monto que equivale a casi la mitad de toda la riqueza generada por el país durante un año y a casi toda la deuda externa.

La obtención de estos millonarios recursos fue producto de una onerosa legislación neoliberal, que aún se mantiene en todo su rigor, y que entregó en concesión a los privados todos los yacimientos mineros de propiedad del Estado y destruyó a la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol).

A cambio de estos millonarios ingresos, las compañías privadas pagaron en la última década al Estado 76,3 millones de dólares como regalías mineras y otros 14,5 millones de dólares como impuestos a las utilidades mineras.

En términos promedio, esto significa que por cada 100 dólares que generó la minería boliviana, 98 dólares fueron a las arcas de las compañías mineras, nacionales y extranjeras, y apenas dos dólares quedaron en manos del Estado. Razón más que suficiente para comprender que en los territorios que albergan a los ricos yacimientos mineralógicos de Bolivia (como Oruro y Potosí) se localicen las poblaciones más empobrecidas del país y que, simultáneamente, emerjan de allá los hombres más ricos y poderosos.

Dueños y señores de las minas

Los datos oficiales permiten establecer que en los últimos 10 años casi un 80 por ciento de los millonarios ingresos que generó la minería fueron a manos de la Compañía Minera del Sur (COMSUR), consorcio de propiedad del millonario ex presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada, hoy en manos de la gigante transnacional Glencore Internacional, y de la Empresa Minera Inti Raymi de propiedad de la multinacional Newmont Mining Corporation en alianza con los herederos de la familia Mercado y la Empresa Minera Unificada (EMUSA).

El resto de los ingresos benefició, en su mayor parte, a cientos de pequeñas empresas mineras (minería chica) y a un pequeño segmento de casi medio centenar de cooperativas mineras. El aporte de la estatal Comibol ha ido en aumento al finalizar el decenio, de la mano de la 'nacionalización' de facto que se ha dado parcialmente en los centros de Huanuni, Colquiri y Porco por la tenaz lucha de los proletarios del subsuelo.

Tiempos del estatismo

Antes de la desnacionalización de la minería boliviana (1985), la estatal Comibol obtenía dos terceras partes de todos los ingresos de exportación, mientras que la minería mediana (con el apoyo de las transnacionales) recibía el 15 por ciento y la minería chica y cooperativizada apenas el 10 por ciento.

En el periodo de 1952-1884, tras la nacionalización de las minas, la estatal Comibol concentró la explotación y exportación de minerales, por lo que sus millonarios ingresos permitieron al Estado impulsar el crecimiento y desarrollo del oriente, especialmente de Santa Cruz, convirtiéndola en el paradigma actual del progreso.

Muy diferente a la actual política de despojo y saqueo de la minería, que han empujada miles de trabajadores cooperativistas a producir en condiciones muy precarias e infrahumanas.

Nacionalización y expropiación

Para poner fin al saqueo, los trabajadores mineros de Huanuni han levantado en alto la bandera de la nacionalización sin indemnización de todas las minas de Bolivia, expropiando a las transnacionales y empresarios nacionales, a fin de que todos los yacimientos que son del Estado sean explotados por la estatal Comibol, eliminándose todas las concesiones y contratos de operación que favorecen a los privados. El objetivo es que todos los ingresos por la explotación de recursos no renovables beneficien a los bolivianos y ya no a las trasnacionales.

Los mineros de Huanuni plantean, además, que todos los trabajadores cooperativistas se conviertan en mineros asalariados y que la administración de las minas se haga bajo el denominado 'control obrero colectivo', para que la asamblea de los trabajadores controle las inversiones y el funcionamiento de la empresa en toda la cadena productiva, ejerciendo un control social para evitar la corrupción y la ineficiencia.

Las sangrientas jornadas por el control de Huanuni han contribuido para que muchos, incluido el presidente Evo Morales, hablen de la 'nacionalización' de las minas, aunque muy lejos de lo que plantean los mineros.

'Hemos empezado con hidrocarburos, el próximo paso son los minerales, habrá sorpresas con el estaño, la plata y el oro, esos minerales tienen que pasar al Estado boliviano bajo el control social del pueblo boliviano. Ese es el próximo paso urgente que hay que dar', dijo el fin de semana Morales.

Pero su vicepresidente, Alvaro García Linera, se encargó de aclarar el significado de esta política: 'El inversionista privado no tiene de qué preocuparse. Se va a reactivar Comibol, el presidente (Morales) está trabajando en eso. La inversión privada, extranjera y local que invierte que genera empleo, no se toca'.

Según García Linera, la propuesta de reactivación de la minería se sustentará en el respeto a las inversiones privadas nacionales y extranjeras y que la transformación de cooperativistas en asalariados de la Comibol sólo alcanza a Huanuni y a nada más.

Hasta ahora, el presidente Morales ejecuta la misma política minera del saqueo, diseñada e implementada por el ex presidente y dueño de minas, Gonzalo Sánchez de Lozada. Durante la primera mitad del 2006, las transnacionales y los empresarios mineros locales tuvieron un ingreso de casi 400 millones de dólares, pagando menos de 20 millones al Estado.

PERÚ: INDÍGENAS CONTRA EXPLOTACIÓN

Adital - La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) comunica que los indígenas Achuar del río Corrientes, en la Región de Loreto, han tomado la determinación de no aceptar más la explotación de hidrocarburos en sus territorios. Para ellos las diversas empresas petroleras (Oxy y desde hace algunos años la Pluspetrol), con el apoyo incondicional de los gobiernos, envenenen las aguas, el aire y los suelos del territorio achuar, causando muertes y graves daños a la salud, por enfermedades que antes no existían.
Las empresas desarrollan la explotación petrolera en condiciones totalmente incompatibles con el respeto al medio ambiente y la vida vegetal, animal y humana. Tal como lo han demostrado los informes técnicos del Ministerio de Salud, OSINERG y otros informes independientes, los niveles de metales pesados en las aguas y el derrame de aguas saladas a temperaturas de más de 80º en las quebradas, han convertido al territorio achuar en una zona inhabitable.

Los indígenas lamentan que todas las denuncias privadas y públicas que se han hecho ante los poderes públicos han caído en saco roto. Para esconder esta forma de tratar a un pueblo indígena en su propio territorio, las empresas, en este caso la Pluspetrol, se apoya en dos aliados incondicionales: el Estado, algunos funcionarios corruptos y un grupo de pseudo dirigentes indígenas, agrupados en la autodenominada CONAP (Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú).

Por estas razones, las comunidades achuar han tomado la firme determinación de retomar el gobierno de sus territorios, cercando los accesos a los pozos petroleros y exigiendo el retiro de la empresa y de toda actividad hidrocarburífera en sus territorios. Por esto AIDESEP hace un llamado a las autoridades del gobierno, a la Defensoría del Pueblo, a la sociedad civil en su conjunto, a sentar en una Mesa con los achuar, para encontrar la solución inmediata a estos problemas...

6 de octubre de 2006

México: Repunta la pobreza

Uno de los logros más notables y publicitados del sexenio de Vicente Fox Quesada, el combate a la pobreza extrema, es sometido a severo cuestionamiento por organismos nacionales e internacionales que investigan y trabajan sobre la materia.

Cuando sólo le restan 56 días a la autodenominada pareja presidencial y sus familiares para disfrutar ilimitadamente, como lo han hecho, las mieles del poder, brotan por todos lados balances, cifras y denuncias periodísticas que convierten en ilusiones los que se consideraban actos y obras de gobierno que habían merecido reconocimientos hasta de la ONU, por ejemplo en el abatimiento de la pobreza.

Ciertamente -como sin ton ni son dice Fox-, es de sabios cambiar de opinión. Ahora lo hace el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, al criticar al gobierno mexicano por la ausencia de una política social de combate a la pobreza en áreas urbanas, pese a su advertencia de que a partir de 2007 habrá un “crecimiento desordenado en esas zonas” a escala mundial.

El diagnóstico de Erick Vittrup Christensen, oficial principal del programa, consiste en que la situación es “preocupante porque vemos ciudades como Río de Janeiro, Bogotá o México, donde los males de la pobreza urbana comienzan a crear una nueva cultura de violencia de una dimensión que no se puede combatir con los mecanismos tradicionales”. El informe revela que el Distrito Federal y Sao Paulo, Brasil, son las grandes ciudades que albergan el mayor número de pobres urbanos en América Latina.

Mas el panorama del agro mexicano no resulta alentador. Para el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social el número de pobres en situación extrema se incrementó en el penúltimo año de gobierno de Fox Quesada.

Los datos fueron bien guardados por Los Pinos y finalmente trascendieron:

En pobreza alimentaria, los que no tienen ni para comer aumentaron en 2005 en el campo, en un millón 631 mil 375.

Los que padecen pobreza de capacidades se incrementaron en el agro, durante el mismo año, en un millón 382 mil 613. Y en pobreza de patrimonio recayeron un millón 688 mil 671 habitantes del campo.

Con las denominaciones tecnocráticas que se escojan, la pobreza extrema se incrementó en el agro y retrocedió ligeramente en las ciudades, de acuerdo al órgano mexicano. El número de personas a escala de indigencia creció en más de un millón.

Los datos duros del Coneval exhiben en toda su dimensión al mundo de Foxilandia en el que vive el grupo gobernante y que dentro de dos meses no podrá sostener ni con la magia de la pantalla chica del duopolio televisivo, ni toda la mediocracia al servicio del oficialismo que retribuye muy bien los servicios prestados. Ellos serán los primeros en descubrir, como ya les sucedió al concluir el gobierno del estigmatizado como usurpador y genocida Carlos Salinas de Gortari, la recurrente y agobiante realidad.

Lo entiende mucho mejor Carlos Slim Helú, el tercer hombre más rico del mundo: “No avanzamos” con el actual modelo económico, impuesto desde 1982. ”Estamos creciendo alrededor de 0.2 por ciento per cápita, casi cero. Y estamos expulsando casi 400 mil personas que no encuentran oportunidad de empleo”. Mientras que durante medio siglo, dice, la economía mexicana creció a un ritmo de 6.2 por ciento anual.

El irracional modelo de capitalismo salvaje, esa eficiente fábrica de hacer pobres, se dispone a reproducirlo puntualmente Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa.

Fuente: Opinión- Eduardo Ibarra

2 de octubre de 2006

NIÑOS SIN ACCESO A AGUA DE CALIDAD

El informe Progress for Children, divulgado por el Fondo de las Naciones Unidas para a Niñez (UNICEF), señala que Brasil necesita alcanzar metas urgentes en lo que respecta a la garantía de agua potable y desagüe sanitario. Basados en los datos de la Pesquisa Nacional de Muestreo por Domicilios (Pnad), del IBGE (Instituto Brasilero de Geografía y Estadística), el documento informa que el 5,33% de los niños y adolescentes viven en sus casas sin acceso a agua de calidad. Y en lo que respecta al acceso al desagüe sanitario, el 13,95% de los ciudadanos brasileros con menos de 18 años de edad viven sin acceso al desagüe sanitario.

El estudio, titulado "Acceso al agua y saneamiento, elementos esenciales para una estrategia de desarrollo de los niños", tiene en consideración, las diferentes realidades de las regiones brasileras, identificando números que reflejan algún tipo de desigualdad, como la de renta o la de raza, por ejemplo. Mientras que el número de niños y adolescente sin acceso a este servicio con calidad es de 7,85%, el porcentaje entre los niños y adolescentes blancos es de 2,59%.

El factor educacional también hace diferencias. De acuerdo con el informe, las niñas hijas de madres con un año de escolaridad corresponden al 14,51% del total que no tiene acceso a agua de calidad. Entre las niñas hijas de madres con 11 o más años de escolaridad este porcentaje es de 0,68%.

El informe también analiza los datos por región y queda expresada, una vez más, la cuestión de la desigualdad. "Si se separan los datos por regiones, muestran que el 17,68% de los casi 6 millones de niños brasileros que viven en la Amazonia viven en hogares sin desagüe sanitario. Este índice cae al 0,40% en el Distrito Federal", dice el trabajo.

Por lo tanto, superar las grandes desigualdades existentes en el país es la solución indicada por Unicef para que el acceso al servicio esté garantizado para todos. Unicef recordó además que la calidad del agua y servicios básicos de saneamiento son esenciales para mantener la salud de los niños. Se estima que, en el mundo, 1,5 millones de niños mueren por año por falta de agua y saneamiento.

El informe tiene como objetivo medir los avances de los países del mundo para asegurar una vida más saludable y mejor a miles de niños en todo el mundo. Los informes están siempre relacionados con los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Entre los objetivos se encuentran los que establecen que el hambre y la pobreza deben ser reducidos a la mitad antes del 2015; de la misma forma, la mortalidad infantil debe ser reducida, en igual período, en dos tercios. Para ello, el acceso al agua potable y a los servicios de saneamiento es de suma importancia para alcanzar tales metas
Fuente: Adital